Hace dos semanas, se inició en todo el país el proceso de Consulta Indígena para dar paso a la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Su implementación no ha sido fácil. De hecho, ha registrado menor participación de la esperada, un problema que ya ha debido enfrentar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la primera institución que comenzó a aplicar este proceso, cuando los proyectos que evalúa pueden afectar a comunidades de pueblos originarios. Se trata de una obligación impuesta por la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada por el Congreso en 2009.

Esta normativa internacional dispone que “se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

La consulta indígena se instauró con el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), organismo que comenzó a aplicarlo en diciembre del año pasado en su revisión de los proyectos de inversión, cuando estos se sitúan en lugares cercanos a comunidades indígenas o en territorios considerados ancestrales.

Hasta ahora, el SEA ha liderado 15 procesos de consulta indígena (de ellos, nueve proyectos energéticos y cuatro mineros), que totalizan US$ 13.005 millones de inversión.

Sólo cuatro de esos procesos ya finalizaron: los mineros Paguanta en Tarapacá y El Morro en Atacama, la línea de arranque y subestación eléctrica Neptuno en la Región Metropolitana y la ampliación de la Planta Arauco (MAPA) de Celco en Biobío.

Del resto, son los proyectos eléctricos los que más han sufrido con la lentitud de la consulta. Existen ocho proyectos de energía solar, eólica, hídrica y de transmisión cuyos procesos están “en curso” y que podrían extenderse, lo que se hace urgente cuando el país requiere de proyectos eléctricos que compensen el crecimiento de la demanda energética, más aún si se trata de energías limpias.

Los otros dos proyectos son mineros y representan por sí solos 3.000 millones de dólares de inversión (la continuidad operacional de Cerro Colorado de BHP y el proyecto RT Sulfuros de Codelco).

Un avance dificultoso

Aunque la Corte Suprema determinó en su fallo sobre el proyecto hidroeléctrico Neltume de Endesa que las comunidades indígenas no pueden vetar un proyecto, salvo en caso de que exista relocalización, han surgido críticas respecto a la complejidad de los procesos de consulta, que ralentizan el avance de los proyectos.

Los principales reclamos de las empresas apuntan a las diferencias de criterio que aplican las 15 sedes regionales del SEA y a que los plazos de la consulta no están perfectamente calzados con los del proceso de evaluación ambiental.

Jorge Troncoso, director ejecutivo del SEA, admite que algunos proyectos han debido enfrentar procesos más largos e incluso algunos en que no se ha llegado a acuerdo o simplemente la comunidad se ha abstenido de participar.

Para Troncoso “la complejidad mayor tiene que ver con cómo somos capaces de definir, junto a las comunidades, la mejor metodología para hacer la consulta”. Otra dificultad está relacionada con las distintas demandas que surgen cuando la consulta se aplica. “A nosotros nos corresponde consultar las medidas ambientales que los proyectos proponen para hacerse cargo de las afectaciones. No nos compete resolver otros temas”.

Otro factor, cuenta, es la información que manejan las comunidades respecto del proyecto. “Hay que tratar de entregar la información lo más clara posible para que, a partir de los antecedentes, ellos puedan emitir sus planteamientos”.