Por Fernando Laborda.

La contundente desestimación por parte del juez Daniel Rafecas de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta y el canciller pudo haber contribuido al tono llamativamente mesurado que exhibió anoche Cristina Fernández de Kirchner en el mensaje que pronunció tras la asunción de sus nuevos ministros. No es improbable que ese mismo tono, más sereno y menos agresivo que el de las últimas semanas influidas por la Marcha del Silencio del 18-F, signe también su tan esperado discurso de este domingo ante la Asamblea Legislativa. Nada de eso, sin embargo, dará cuenta de rectificaciones importantes en la gestión del Gobierno y mucho menos de un cambio de rumbo.

No pocos dirigentes kirchneristas expresaron en sigilo su preocupación por la furiosa reacción de la Presidenta tras la multitudinaria movilización en homenaje a Nisman. Sus ataques directos a jueces y fiscales, sus denuncias de un golpe y su ninguneo respecto de la marcha no sólo provocaron una caída en la imagen presidencial. También encendieron luces de alarma en hombres de su partido que, más allá del sentir de la primera mandataria, tienen como principal mira la contienda electoral. El deseo de esos dirigentes por estas horas es que Cristina Kirchner se decida a bajar algunos cambios en su pelea de todos los días contra todo aquel que disienta públicamente de sus actos de gobierno.

Es probable que la primera mandataria haya escuchado algunos consejos para moderar su discurso. Es muy lógico también que cayera en la cuenta de que el desgaste al que había sido sometido su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, terminaba minando aún más la credibilidad de su gobierno. Es improbable, sin embargo, que la moderación se imponga por mucho tiempo sobre la acostumbrada crispación que deriva del estilo K.

La llegada del incombustible Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete no representará cambio de fondo alguno en la gestión gubernamental. Apenas constituirá un intento por pulir el relato. Un relato cada vez más oxidado por los baños de realidad.

Capitanich aportó una tenue cuota de renovación con sus conferencias de prensa diarias. Fue asimismo el jefe de Gabinete que mejor cumplió con la obligación constitucional de concurrir una vez por mes al Congreso de la Nación. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos pronosticaron cuando un año y tres meses atrás asumió en reemplazo de Juan Manuel Abal Medina, no fue más que un triste y esforzado vocero que buscaba aferrarse, no siempre con convicción, al guión dictado por la Presidenta.

La designación de Eduardo "Wado" De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia consolida el desembarco de La Cámpora en el Gobierno y confirma la radicalización y el aislamiento de la fuerza gobernante.

Cristina Kirchner sabe que su futuro no se dirimirá tanto en las urnas como en los tribunales. Sabe también que ayer, con la decisión del juez Rafecas, ganó una batalla importante -aun cuando habrá que esperar el resultado de la apelación que interpondrá el fiscal Gerardo Pollicita ante la Cámara Federal-, pero que la esperan la causa Hotesur y las desventuras judiciales de Amado Boudou.

Se descuenta que los principales objetivos para lo que queda de la gestión cristinista pasan por blindar su retirada del Gobierno -algo que necesariamente derivará en más choques con el Poder Judicial- y por transferirle a la próxima administración nacional los grandes desequilibrios económicos, de manera que quien suceda a Cristina Kirchner se encuentre con un campo minado.

No hay a estas alturas mayores incentivos en el cristinismo para efectuar rectificaciones en el rumbo. Hay plena conciencia de que, a medida que nos acerquemos a las primarias abiertas (PASO) de agosto, los costos políticos de cualquier medida rectificadora en materia económica podrían ser inmediatos para el actual gobierno, en tanto que sus beneficios serían recogidos por la próxima administración.

No cabe esperar, entonces, sólo cinco meses antes del inicio del calendario electoral nacional, acuerdos con los llamados fondos buitre, en tanto que los anuncios del titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, acerca de la posibilidad de buscar financiamiento internacional podrían dividir al Gobierno y chocar con el mito del desendeudamiento que durante tanto tiempo se preocupó por sembrar el cristinismo..

Por Marcelo Zlotogwiazda.

Hay varias razones que explican por qué el gobierno está insinuando una nueva salida al mercado de capitales para tomar deuda en moneda dura, tal como, no casualmente, coincidieron en sugerir el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis.

La primera, obvia, es que el gobierno necesita equilibrar la Balanza de Pagos con ingresos adicionales por la cuenta capital, dado el deterioro que se ha registrado en la cuenta corriente, como consecuencia del empeoramiento del contexto internacional en términos de demanda externa y de precios de commodities, y del enorme agujero que generó la mala política energética. En otras palabras, el regreso del endeudamiento es una alternativa al ajuste en el nivel de actividad como remedio rápido para la reaparecida restricción externa, uno de los peores lastres que dejará como herencia el kirchnerismo.

Otro motivo, es que desde hace ya varios meses, pero más aún en las últimas semanas, al ministerio de Economía ‘llueven’ ofertas de bancos y fondos de inversión interesados en prestar y/o en participar del armado de una colocación de títulos, según cuentan funcionarios y confirman operadores y analistas de la city.

Una tercera razón es que desde hace ya varios años la cantidad de deuda externa relevante, es decir con acreedores privados, ha llegado a niveles muy bajos en proporción al PBI o a cualquier otra variable significativa que se tome como parámetro.

Y hay una cuarta explicación de lógica económica y equidad intertemporal. No es razonable ni justo que la inversión en obra pública que será aprovechada por generaciones futuras sea financiada con recursos corrientes del Presupuesto, como en alguna gran medida sucedió durante los años del desendeudamiento. Si durante una primera etapa el desendeudamiento fue imprescindible y un gran logro, llegó un punto en que se convirtió en un dogma muy polémico.

Por esas mismas razones –con algún matiz– el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, con el acuerdo de su segundo, Roberto Feletti, en 2010 propusieron en Olivos iniciar el camino hacia la salida al mercado de capitales, que en aquel momento requería arreglar con el Club de París. No tuvieron el visto bueno de la Presidenta y de su marido, y la negativa de Cristina se mantuvo tras la muerte de Néstor Kirchner.

Es curioso que Axel Kicillof, uno de los que por aquella época se oponía a tomar deuda, fue quien finalmente comenzó a dar los pasos necesarios en ese sentido. El arreglo con el Club de París, el pago por la expropiación de YPF y la aceptación de algunos juicios desfavorables en el Ciadi apuntaban a lo que finalmente frustró el inesperado y descabellado fallo del juez Thomas Griesa.
Ahora que el enfrentamiento con los fondos buitres ya no genera tanta turbulencia, vuelven a estar dadas las condiciones para retomar la estrategia.

Más allá de los indicios, no es seguro que la evaluación económica y política de la situación los lleve a decidir lanzar una colocación. El desahogo que consiguieron en los últimos meses con la llegada de yuanes por el swap con China (que no sólo Economía y analistas kirchneristas consideran una moneda convertible), con el ingreso de dólares por la privatización del 3G y el 4G, y con la normalización del proceso de liquidación de divisas (para lo cual resultó clave haber elevado y mantenido la tasa de interés por encima de la tasa de devaluación realizada y de la esperada), les deja cierto delicado margen para transitar lo que resta de la gestión sacrificando reservas en lugar de tomar deuda.

Pasó desapercibido un reciente informe titulado ‘Argentina superó el problema de reservas’, que no fue elaborado en ámbitos ni oficiales ni oficialistas, sino por la consultora Elypsis. Su titular Eduardo Levy Yeyati explica que "si bien la situación se mantiene frágil, creemos que el riesgo de crisis de reservas ha caído considerablemente. Situación que le permitirá transitar a lo largo del año sin sobresaltos en el tipo de cambio oficial, incluso flexibilizando los controles y pagos a las importaciones, en un escenario de un importante atraso cambiario".

La reaparecida restricción externa y el deterioro de la competitividad cambiaria, y eventualmente un bajo nivel de reservas, no son las únicas mochilas que heredará el sucesor de Cristina. En materia macroeconómica hay que agregar la alta inflación, el conflicto con los holdouts y el monumental enjambre de subsidios, por citar las más pesadas.

Pero el peor legado y principal desafío para el próximo gobierno son los millones de personas que tras una ‘década ganada’ conforman el ¿20? ¿25? por ciento de pobreza.

Pese a eso, en la city y en el círculo rojo soplan algunos vientos de euforia. Se entusiasman con ‘el fin de ciclo’ y con lo barato que les resultan los activos argentinos.

Por  GUILLERMO KOHAN.

Los peores fantasmas del pasado y los temores de mayor violencia y degradación institucional desatada en el mundo político y económico tras la muerte de Alberto Nisman, no han logrado todavía torcer un clima de razonable optimismo entre inversores profesionales, un ánimo que se discute en los principales directorios de grandes empresas y bancos. Obstinado optimismo entre hombres de negocios que sobreviven en la Argentina, muchos que han redoblado su custodia personal y familiar por los tiempos ásperos que corren; pero aferrados a la idea y el deseo de que el futuro, en poco tiempo, sea bastante mejor que el presente.

Cualquiera que la suceda a Cristina genera mayor confianza en el mundo económico. Se supone que el desgaste de la Presidenta irá creciendo en el año electoral, y se calcula que son cada vez menores las posibilidades de que se mantengan en el futuro gobiernolas políticas de estatismo extremo con controles y ahogo a toda la actividad privada. La estabilidad del dólar en el mercado libre y la recuperación en los precios de los activos financieros argentinos responde a este convencimiento. La macro economía es un desastre, dicen los expertos, pero como el Gobierno se va en diciembre, no hay estallidos a la vista, aunque sufra la producción, el empleo y se demoren inversiones.

No es la primera vez en estos años que el mundo económico apuesta muy errado a buenas noticias desde la política. El supuesto pago del cupón PBI o la negociación con los holdouts resultan ejemplos cercanos. Por no mencionar episodios que hoy ya quedaron en el ridículo, como haber pensado que la llegada de Jorge Capitanich al Gabinete supondría un giro a la cordura en el Gobierno; o la eterna esperanza de que los gobernadores del peronismo impongan límites a la radicalización de la Presidenta.

Ahora se celebra una certeza que se supone más inexorable para el mundo político y económico. El próximo 10 de diciembre termina el período constitucional de Cristina y, sin reelección, estará obligada a dejar la Presidencia. A resignar todo o casi todo el poder.

Si la Presidenta se allana a la Constitución, deberá dejar el Gobierno. Y la mayoría de los observadores políticos, dentro y fuera del poder, aseguran que Cristina va a aceptar ese límite. Opinan que ya no tiene margen para desafiar la Constitución. Algunos observan que la Presidenta tal vez hubiera querido forzar las cosas para quedarse en Olivos a lo Chávez. Pero todo indica que no puede. Y eso parece el motivo central del alivio. Finalmente Argentina, cree la mayoría, no será como la Venezuela del dictador Nicolás Maduro, al menos los próximos años.

Cierto es que circulan las versiones y análisis más delirantes que llaman a no festejar antes de tiempo. La tesis de la diputada Elisa Carrió es que la opción Maduro, para Cristina, no estaría cerrada. Podría según esta teoría promover un auto golpe para generar una conmoción que justifique decretar el Estado de Sitio y arrasar con las garantías constitucionales de los ciudadanos. Gobernar con el terror, asistida por los militares del General Cesar Milani y los parapoliciales militantes, encarcelando y reprimiendo opositores. Todo justificado en que los que violan la constitución son los opositores, los argumentos que delineó con detalles hasta jurídicos la Presidenta en su última exposición por facebook. Allí denunció que la Justicia comete sedición al actuar contra el Ejecutivo y el Congreso, los poderes del Estado legitimados por la voluntad popular. Como si no existieran los jueces y los funcionarios de un Gobierno fueran intocables por el hecho de haber ganado una elección.

Si contara el pasado, debe apuntarse que hasta ahora Cristina, en sus batallas terminales, nunca se apartó tanto de la Constitución, y aceptó allanarse a las decisiones de la Justicia. Embistió contra Clarín con la Ley de Medios y otros tantos instrumentos, pero no ingresó por la fuerza con milicias militantes a las instalaciones del diario o a Cablevisión. Aceptó las cautelares de la Justicia, aún protestando todos los días en cadena nacional. También aceptó la derrota legislativa de las retenciones móviles y los límites que impuso la Corte Suprema a la pretendida democratización de la Justicia con la que se intentaba copar el Poder Judicial.

¿Cambiará esa lógica a pocos meses de terminar el Gobierno? Aún si el Gobierno intentara perseguir ciudadanos con la ley de abastecimiento o con la temeraria ley antiterrorista, debería presentar denuncias y pedir a los jueces que actúen. Nada que no se haya visto en semanas recientes, donde finalmente la Justicia desestima o pone límites a los abusos de Estado contra personas y empresas.

Convencidos entonces que Cristina no podrá perpetrarse, peronistas y opositores buscan seducir a votantes y sponsors. Mauricio Macri se siente ganador y pide apoyo a los comunicadores. "Es ahora o nunca, muchachos. Tienen que ayudarme a convencer a la gente de que es hora de cambiar, probar algo nuevo, dejar de votar a los peronistas de siempre." dice convencido de su buen momento y buena sintonía con la sociedad, sobre todo los sectores medios en los principales distritos electorales. Entre peronistas, la ilusión de recuperar la mística y hacerse fuertes con un improbable acuerdo entre Daniel Scioli y Sergio Massa es la última novedad que se baraja en las mesas políticas. Escenarios con final abierto a la espera de confirmar lo que todos suponen inexorable: sin margen para locuras, que Cristina acepte, de ahora y hasta el final de su mandato, los límites de la Constitución.