El mayor conflicto se produce con las indicaciones que pretenden modificar los derechos de aprovechamiento de las aguas ya otorgados, acusando un intento de expropiación.
Cerca de nueve meses han pasado desde que el Gobierno ingresó al Parlamento una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Desde esa fecha, las modificaciones que impulsa el Ejecutivo han generado especulación e incertidumbre, tanto a los promotores como a los detractores de los cambios.
El primer sector productivo en alzar la voz fue el agrícola, y con razón. Ellos representan el 73% del total del uso consuntivo del agua, es decir, el aprovechamiento de los recursos hídricos para su consumo total, sin permitir su reutilización.
El presidente de la SNA, Patricio Crespo, alertó que existía la posibilidad que se aprobaran en el Congreso las indicaciones que caducaban un derecho existente si no se ha usado en un tiempo determinado. “Lo grave es que el artículo primero transitorio pretende caducar los derechos ya otorgados, pese a que la Constitución establece que los derechos concedidos son inmutables. Esto es una amenaza y un cambio a las reglas del juego”, dijo.
El diputado Sergio Gahona (UDI), integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara, instancia que actualmente vota las modificaciones, respaldó las palabras de Crespo, agregando que las recientes indicaciones aprobadas afectan a la propiedad. “Se aprobó que para preservar ciertos usos del agua como el consumo humano, la DGA puede reducir temporalmente el ejercicio de los derechos. Es algo muy fuerte para la propiedad de muchos agricultores que podrían ver afectada la esencia del derecho de aprovechamiento”, precisó.
La instancia hace solo un par de semanas aprobó la figura del caudal ecológico, necesario para la mayoría de los actores, aunque dejó ciertas dudas la forma de cómo se implementará. Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas (Conca), concuerda con esta apreciación. “Yo soy un acérrimo partidario del caudal ecológico. Pero también soy un acérrimo convencido que esto debe hacerse dentro del orden legal y administrativo que nos rige en Chile”, puntualizó.
Por su parte, la directora ejecutiva de Chile sustentable, Sara Larraín, precisó que las indicaciones aprobadas en el Congreso “son un avance compatible con la Constitución en la medida en que en Chile los derechos de propiedad sobre las aguas tengan un condicionante que es la función social de la propiedad”.
Dentro de los usos consuntivos del agua, a pesar que la minería solo representa el 9% del total, los actores de la industria coinciden en que se verían muy afectados si se ratifica en el Senado los plazos de caducidad de los derechos. José Tomás Morel, gerente de estudios del Consejo Minero, señaló que “al parecer por consuntivo se tenía en mente sólo el uso agrícola y no los industriales o mineros, cuyos proyectos tienen tiempos de desarrollo que se asemejan más a las hidroeléctricas. Indicaciones posteriores han flexibilizado esos cuatro años, pero seguimos sin compartir la distinción que se establece entre consuntivos y no consuntivos”.
María Cristina Betancour, gerente de investigación y desarrollo de Sonami, concuerda con Morel. “Efectivamente un proyecto minero demora entre 8 y 12 años en su construcción. De hecho solo la obtención de permisos demora más de tres años”. Argumentó que en cuanto a la poca diferenciación de derechos existentes de derechos nuevos en las recientes indicaciones “es un tema que complica, pues crea más incertidumbre en relación a la continuidad de los proyectos, lo que afecta la actividad económica, que es lo que queremos evitar”.
En cuanto a la disputa entre las mineras y las comunidades por el uso del agua, Morel explicó que “es normal que en períodos de sequía surjan tensiones entre los usuarios de agua de una misma cuenca. Un primer paso para atenuar esas tensiones es contar con buena información sobre derechos de agua y extracciones, y una fiscalización efectiva de parte de la autoridad”.
Al respecto, Sara Larraín puntualizó que “el Estado no puede dejar a una comunidad sin agua porque una minera se la llevó toda. Lo que tienen que hacer las empresas es caer en la realidad porque están pensando que no tienen que cumplir ninguna función social de la propiedad, estar fuera de la historia y fuera de la ley”.
Sin duda que cuando se habla de usos no consuntivos, es decir, los casos en que se utilizan los recursos hídricos en algún tramo del curso de un río y luego son devueltos a la corriente normal, se habla de centrales hidroeléctricas, que representan más de tres cuartas partes de esos usos.
De acuerdo con un informe de la DGA de 2009, en Chile se consumen aproximadamente 2.000 m3 por segundo de caudal continuo, de los cuales el 67,8% corresponde a usos no consuntivos y sólo el 32,2% a usos consuntivos; por eso la importancia del sector hidroeléctrico en el debate.
Para Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de las Generadoras, los proyectos hidroeléctricos son de largo plazo. “Son proyectos de mucha intensidad de inversión, muy costosos en términos de capital, y por tanto de muy largo plazo”. Agregó que para poder desarrollar una central no solo hay que considerar la distancia “también están todas las dimensiones ambientales, los actores sociales, que hacen que los plazos de desarrollo sean uno de los factores críticos que hay que tener presente a la hora de discutir posibles cambios al Código de Aguas”.
El gremialista también criticó la posibilidad que se afecte un derecho preexistente. “Es complejo sobre todo por las inversiones proyectadas. Si aquí lo que estamos discutiendo es si queremos tener una fuente sustentable, renovable que desarrolle electricidad, creo que ponerle cortapisas a lo que existe hoy y los desarrollos realizados, justamente apunta en la dirección contraria”, subrayó.
En tanto, Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), mostró su preocupación con las indicaciones señalando que “hay un punto crucial que es el uso diverso del otorgamiento de los derechos, porque si se aprueba el proyecto tal como está los canalistas no podrían usar sus derechos de agua no consuntivos para generar electricidad, lo que significa la muerte de los proyectos hidroeléctricos en canales, y en Chile hay miles de MW potencialmente en uso en ese sector “.
Peralta aclaró que sucedería lo mismo con la figura actual del caudal ecológico. “Si para ese caudal ecológico es necesario obtener el agua de la hidroeléctrica, bueno, el país tendrá que elegir y entender que para tener este caudal ecológico se necesitará expropiar los derechos de la hidroeléctrica y se dejará de producir energía”, comentó.
Larraín aclaró que las hidroeléctricas ya están implementando esta figura. “Hoy día es retroactivo, porque al aprovechar el derecho de propiedad sobre las aguas se les exige el caudal ecológico y las últimas RCA así lo han exigido y las centrales lo están aceptando sin ningún alegato”, concluyó.
