¿Cómo son afectadas las comunidades indígenas que viven en las fronteras del Perú por la deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilícitos? La investigación Fronteras amenazadas constató el impacto de los delitos ambientales en, al menos, 46 comunidades indígenas de las etnias asháninkas, amahuacas, awajún, ese eja, huitoto, kichwa, secoya, shipibo conibo y yaneshas.

A lo largo de la Amazonía peruana, los territorios fronterizos se han convertido en zonas propicias para el desarrollo de mafias. Un equipo de Mongabay Latam investigó y viajó a las comunidades más alejadas del país para conocer de cerca la situación. Lo que se reporta desde el campo se sintetiza en dos palabras: violencia y olvido.

Todas estas comunidades comparten tres problemas: la ausencia del Estado para el establecimiento de servicios básicos, la falta de una estrategia que enfrente la criminalidad y un presupuesto que la ponga en marcha, así como una creciente violencia liderada por grupos armados y delincuenciales.

Te explicamos en tres claves el caso de una de ellas —Madre de Dios, ubicada en la región fronteriza entre Perú y Bolivia— para comprender lo que sucede en estos territorios amazónicos.

¿QUÉ SUCEDE EN LA QUEBRADA PALMA REAL?
La frontera entre Perú y Bolivia la divide apenas el río Heath. En este rincón del mundo, en donde se ubican la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, se esconde una amenaza latente: la minería ilegal que carcome la quebrada Palma Real.

Esta quebrada está a dos horas de distancia de la frontera con Bolivia. En ella habitan peces como el paco o la carachama. También es la fuente de agua de uso comunitario para la comunidad indígena ese eja, además de ser la vía de ingreso para los 87 concesionarios de castaña que usan el bosque al interior de la reserva.

En esta importante zona, las invasiones de la actividad minera ilegal son una constante. Para tratar de frenarlas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios ha intervenido unas diez veces, entre el 2021 y el 2022. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el problema avanza. Allí, donde se encuentra oro, el conflicto se agrava.

EL ABANDONO DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Los mineros ilegales incluso están reclutando a pobladores indígenas. En esta zona fronteriza, esta actividad se ha apoderado del territorio y siembra el miedo a su paso con amenazas de muerte.

“Podría ser que ellos están usando mano de obra de la comunidad como siempre sucede en varias partes de esta región, donde se aprovechan de las necesidades”, dice Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), y explica que los mineros suelen contratar mano de obra indígena.

Las comunidades son testigos en primera línea de la ineficacia y desinterés del Estado por acabar con la minería ilegal que las arrincona. Además, la precariedad se evidencia en la falta de luz y agua potable. Las comunidades indígenas Sonene y Palma Real dependen de un pozo de donde se extrae agua que no es apta para consumo humano. Tampoco hay infraestructura educativa ni de salud, mientras que comprar víveres y medicamentos es una tarea difícil, pues deben viajar hasta tres horas para obtenerlos.

“Siempre es igual, hemos pedido apoyo a todas las entidades estatales y estamos cansados de la misma situación”, afirma Ricardo Yojaje, presidente de la comunidad Palma Real.

VIOLENCIA, DEFORESTACIÓN Y CONTAMINACIÓN AVANZAN DE LA MANO
La minería en Madre de Dios se ha convertido en un problema inmanejable para el Estado peruano. En agosto de 2022, el último enfrentamiento entre mineros ilegales y la policía en La Pampa —un sector de la región prácticamente tomado por las mafias mineras— resultó en la muerte de una persona y 14 heridos.

Además, esta actividad ha generado, entre 2019 y marzo del 2022, la deforestación de 3688 hectáreas de bosque en Madre de Dios, como lo informó la ONG Conservación Amazónica (ACCA). Las mafias amplían sus territorios cercando a comunidades indígenas y áreas naturales, como ha ocurrido en la Reserva Nacional Tambopata y que ahora empieza a extenderse hacia el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Pero no solo las comunidades indígenas viven atemorizadas. Vilma Peláez, quien tiene una concesión de castaña dentro de la reserva Tambopata, colindante con la quebrada Palma Real, cuenta que ha visto de cerca el avance violento de la minería ilegal y de la contaminación de las fuentes de agua.

“Nos están contaminando el río porque usan mercurio para obtener el oro, ya no podemos hacer uso de esa agua ni de los peces, lo peor es que cuando uno llega a la concesión, encuentra los botes, ya no tienen respeto de nada”, concluye.